La necesidad de elaboración de procedimientos operativos para la gestión de las emergencias en el patrimonio cultural

1.- Introducción

Este verano de 2026, siguiendo la tendencia de los últimos años, ha sido igualmente prolijo en situaciones de emergencia, destacando fundamentalmente los incendios forestales y la ocurrencia de la serie sísmica de Granada. Además de la importante afectación a las personas, se han visto afectados números bienes, siendo especialmente significativo la afectación al patrimonio cultural.

El incendio de Las Peñas de Riglos puso en riesgo uno de los conjuntos patrimoniales más significativos de Aragón. El avance del fuego hacia San Juan de la Peña obligó a activar una operación de protección y evacuación de bienes históricos. Restos óseos de los primeros reyes de Aragón, objetos protegidos y otros bienes fueron evacuados y rescatados del monasterio ante la amenaza de las llamas. La intervención de la UME y de los responsables de patrimonio permitió salvaguardarlos.

Igualmente, en Granada, la serie sísmica iniciada a mediados de agosto ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio histórico ante eventos que, además, pueden producir y agravar daños de manera acumulativa.

El terremoto del 15 de agosto de 2026, de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, produjo la correspondiente respuesta del sistema de emergencias y aunque afortunadamente no ha habido víctimas, dejó daños materiales en fachadas, cornisas, revestimientos, remates y elementos decorativos de numerosos inmuebles de Granada capital y su área metropolitana. Las primeras informaciones destacaron que el Conjunto Monumental de la Alhambra no presentaba daños estructurales de importancia, aunque sí se llevó a cabo una revisión interna del conjunto monumental y se adoptaron medidas preventivas como la evacuación de los visitantes y el cierre temporal.

También, se registraron desprendimientos en el interior de la Catedral, pequeños daños en el Monasterio de San Jerónimo y afectaciones en varios templos de la ciudad, entre ellos la Basílica de las Angustias, la iglesia de San Miguel Bajo, Santa María Magdalena y otros edificios religiosos que fueron cerrados al culto por precaución mientras se evaluaba su estado. De la misma manera se localizaron daños en el en el edificios histórico del Instituto Padre Suárez, en el Monasterio de Santa Isabel la Real y en la torre de San Miguel Bajo y en el Museo Arqueológico. A ello se suma, para tener en cuenta que el impacto sísmico no se concentra solo en grandes edificaciones patrimoniales, sino que también ha dañado el tejido del casco histórico de la ciudad.

El 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,7 o 4,8, con réplicas posteriores, obligó a desalojar preventivamente los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y a suspender temporalmente las visitas en parte del Conjunto de la Alhambra. Según la información inicial no había habido daños estructurales, pero sí situaciones localizadas en elementos decorativos, como piezas de yesería, además de cortes de calles y revisión de edificios por desprendimientos y fisuras en distintos puntos de la provincia. No obstante, las inspecciones llevadas a cabo por los técnicos especializados posteriormente han dado como resultado que de más de 700 edificios inspeccionados, algunos presentaban desperfectos de carácter leve y algunos de ellos carácter estructural (Reuters, 2026), en la actualidad se continúa con la valoración de los daños.

Además, no es necesario remontarse mucho en el tiempo para encontrar otros ejemplos, como la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 que no solo ocasionó numerosas víctimas, sino que afectó gravemente a viviendas, infraestructuras y equipamientos, a archivos, bibliotecas, museos, colecciones y otros bienes protegidos del patrimonio cultural. El agua y el barro penetraron en los edificios y dañó a archivos y patrimonio bibliográfico cuya recuperación ha requerido actuación especializada (Ministerio de Cultura, 2024).

Estos recientes casos, de inundaciones, de incendios forestales y terremotos, ponen de manifiesto que cuando se producen emergencias significativas el patrimonio cultural puede resultar afectado, de manera importante, y su protección ante los riesgos necesita de una respuesta específica. Pero, cabe preguntarse si esa especial respuesta está adecuadamente integrada en los diferentes ámbitos del sistema de emergencias de nuestro país.

2.- Procedimientos operativos para la gestión de las emergencias que afectan al Patrimonio Cultural

Para la estabilidad de un edificio es necesario que este bien anclado y que este bien maclado, además de cumplir con las correspondientes normativas de aplicación, es decir que su cimentación y sus componentes sean adecuados y estén bien unidos y sean solidarios. Esto se traduce para el caso de la gestión de emergencias en la integración y coordinación. Para cuando estamos hablando de la gestión de las emergencias que afectan a patrimonio cultural, igualmente tiene como pilares básicos la integración y coordinación entre los actores y elementos que participan en el sistema.

Como elementos importantes en esta cimentación o fundamentos, contamos en la actualidad en nuestro país, por un lado, desde el punto de vista de la administración competente en protección civil y emergencias, con un marco suficientemente amplio y explícito de que la colaboración interadministrativa es necesaria. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece los principios generales de organización y coordinación del sistema, mientras que el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que aprueba la vigente Norma Básica de Protección Civil, desarrolla la planificación de los distintos riesgos y establece criterios para la integración de los planes, los sistemas de información y notificación y la coordinación de las administraciones y servicios que intervienen en las emergencias. La Norma Básica contempla, además, expresamente la protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y el patrimonio histórico, artístico y cultural. Marco general que tiene su correspondiente desarrollo a nivel autonómico y local.

Desde la perspectiva de patrimonio cultural, España dispone igualmente de un marco jurídico consolidado, articulado en torno a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y junto a esta legislación estatal, las comunidades autónomas, han desarrollado sus propias normas de tutela y protección. Las más recientes con referencias explicitas a la especial protección del patrimonio cultural ante emergencias.

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural establece entre sus objetivos la mejora de la prevención y la respuesta, la coordinación entre administraciones, la elaboración de protocolos de actuación urgente y el intercambio de información entre las instituciones que intervienen en una emergencia, que contempla la necesidad de integrar la gestión del riesgo dentro de las políticas de conservación. Igualmente establece, para las comunidades autónomas, la necesidad de crear unidades de gestión del riesgo en el Patrimonio Cultural para la prevención, planificación y respuesta a las emergencias y la elaboración e implantación de Planes de Salvaguarda integrados en los sistemas de protección civil.

¿Pero como se articula en la práctica esta responsabilidad de los sistemas de protección civil y emergencia con la administración competente en cultura, cuando una situación de emergencias afecta a los bienes culturales?

En nuestra opinión, a pesar de que se ha avanzado considerablemente en las diferentes comunidades autónomas en los últimos años, el nivel es heterogéneo y falta en muchos casos el mecanismo que conecta lo dos elementos operativamente, sobre todo en lo que se refiere a los procedimientos operativos con el sistema de emergencias 112 y a la información durante el ciclo de la emergencia.

La situación de las comunidades autónomas es, por tanto, desigual. Todas disponen de sistemas propios de Protección Civil y de legislación específica de protección del patrimonio cultural, como fundamentos básicos, pero cuando se trata de gestionar emergencias que afecten al patrimonio cultural el grado de integración entre ambos ámbitos es muy diferente, es decir falta de interconexión y de adecuada coordinación. Algunas comunidades han desarrollado estructuras y herramientas específicas para la gestión de emergencias en patrimonio, como Castilla y León, con la UGRECYL, o Murcia, con su Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural; otras han avanzado mediante protocolos, planificación específica o procedimientos, como Valencia, Madrid, Navarra, Cantabria o Aragón. También existen iniciativas como planes estratégicos y marcos de colaboración entre los organismos competentes en emergencias y los competentes en cultura en otras comunidades, entre ellas Baleares y Andalucía respectivamente, aunque con distinto grado de desarrollo operativo.

En la actualidad el reto, por tanto, no es ya disponer de un marco general de protección sino conseguir que, en todas las comunidades, existan procedimientos claros y conocidos que permitan que la coordinación en la respuesta y la información sobre un daño en un bien cultural llegue rápidamente a los responsables de patrimonio cultural y que, a su vez, los servicios de emergencia dispongan de la información necesaria para saber como actuar sobre esos bienes.

Pensemos en una situación muy sencilla donde después de un terremoto, un ciudadano observa que se ha desprendido un pináculo de una iglesia y llama al 112, o bien un párroco comunica que han aparecido grietas y desprendimientos en el edificio, o el caso un ayuntamiento informa de que parte de un inmueble histórico ha caído sobre la vía pública, o que el responsable de un museo se ve obligado a evacuar sus colecciones por riesgo de afectación por los daños en el museo que las contiene. El aviso entra en el sistema de emergencias 112 de la comunidad autónoma, se activan los recursos necesarios, bomberos, sanitarios, policía local, etc. Podrían acudir los bomberos, acordonar la zona, retirar los elementos que presentan riesgo y garantizar la seguridad de las personas. Igualmente para el caso de cualquier otra situación de emergencia fruto de los diferentes riesgos potenciales. Todo esa respuesta, ocurre en atención al servicio general que prestan los centros 112 de toda España.

Pero después, no en todos los casos ocurre algo más: en general no se desarrolla la correspondiente interconexión e información con los organismos competentes en cultura.

Se plantean numerosas cuestiones, en este sentido, relacionados con la coordinación entre administraciones: ¿Quién y cuando avisa a quién?; ¿Con qué información?; ¿Existe un sistema de comunicación establecido?; ¿La comunicación con los organismos competente en cultura es posible a cualquier hora del día, todos los días del año?; ¿Existe un equipo técnico en la administración cultural preparado para la respuesta a las comunicaciones recibidas desde el 112?; ¿Puede identificarse rápidamente que el edificio afectado es un bien protegido?; ¿Dispone el sistema de emergencias de información suficiente sobre los bienes que pueden verse afectados y el tratamiento de los mismos?; ¿Hay Plan de Salvaguarda del bien y quienes son los responsables?; ¿Se posee un procedimiento para que técnicos especializados puedan incorporarse a la evaluación cuando sea necesario?; etc.

Igualmente ocurre con la información. La afectación de un bien cultural protegido debería trasladarse al organismo competente en patrimonio, porque una cornisa o voladizo caído durante un terremoto no es solamente un elemento que los servicios de bomberos tienen que retirar. Es también una señal sobre el comportamiento de ese edificio frente a una amenaza determinada, información que puede ser muy valiosa. Podría justificar una inspección por parte de los técnicos especializados, hacer necesaria una medida preventiva ante posteriores réplicas, permitir comparar daños entre edificios de una misma tipología o exponer vulnerabilidades que no habían sido identificadas con anterioridad; y sería interesante su incorporación a un conocimiento acumulativo sobre cómo está respondiendo el patrimonio cultural ante los riesgos.

En definitiva, las cuestiones que deberían componer un procedimiento específico de atención a los bienes protegidos, con acciones biunívocas entre ambas administraciones. Todo ello, en el marco de la necesidad y obligación de la elaboración e implantación de los planes de salvaguarda, como herramienta útil y eficaz para gestionar las situaciones de emergencia en bienes patrimoniales, con la correspondiente integración en los sistemas de protección civil como elementos de coordinación entre los organismos de protección civil y emergencia y los competentes en cultura y patrimonio histórico.

3.- Conclusión

Las últimas experiencias han vuelto a poner de manifiesto, que las emergencias no solo comprometen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, sino también la integridad del patrimonio cultural. Los daños leves pueden ser el síntoma de vulnerabilidades mayores, y cada intervención genera información valiosa que no debería perderse en la fase estrictamente operativa. Por eso, se considera necesario que las comunidades autónomas desarrollen protocolos formales de coordinación entre los servicios de emergencia y las consejerías competentes en cultura y patrimonio histórico.

No se trata únicamente de proteger mejor los bienes, sino de gestionar mejor el conocimiento que producen las emergencias. Si el 112, los bomberos y los cuerpos de seguridad trasladan de manera sistemática la información a los organismos competentes en cultura, será posible evaluar daños, planificar actuaciones, mejorar inventarios, además de avanzar en la resiliencia del Patrimonio Cultural que por su fragilidad, su valor artístico y su valor identitario y social, no puede seguir dependiendo de respuestas dispersas o poco planificadas. Se necesitan procedimientos claros, coordinación estable y una cultura institucional de la prevención.

Además, por un lado, la existencia de estos protocolos no tendría únicamente una utilidad operativa, sino también estratégica. Una consejería competente en cultura que participe en el seguimiento y asesoramiento en el proceso de la respuesta de una emergencia, así como que reciba información completa y temprana, tendría mayores herramientas para elaborar mejores diagnósticos, detectar bienes protegidos que repiten daños o zonas especialmente sensibles y orientar estrategias y recursos públicos de manera más adecuada, obtener una visión consolidada del impacto de las emergencias sobre el patrimonio histórico y, en definitiva, construir políticas preventivas más eficaces para la protección de nuestro Patrimonio Cultural, tanto desde el punto de vista de la prevención y la planificación como para la intervención y la posterior recuperación.

Por otro lado, para los organismos competentes en protección civil y emergencias supondría avanzar en nuevos elementos para la gestión integral de las emergencias, así como coadyuvar en la conservación del Patrimonio Cultual como mecanismo básico para el reforzamiento de la resiliencia de la población ante las emergencias.



Bibliografía

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• Instituto del Patrimonio Cultural de España. (s. f.). Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura.
• Junta de Castilla y León. (s. f.). Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural (UGRECYL). Junta de Castilla y León.
• Ministerio de Cultura. (2024). Actuaciones del Ministerio de Cultura ante los daños ocasionados por la DANA en la Comunitat Valenciana. Gobierno de España.
• RTVE. (2026, 14 de agosto). La UME rescata restos de los primeros reyes de Aragón por el incendio de la Peña de Riglos. RTVE.
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• UNESCO, ICCROM, & ICOMOS. (2010). Managing disaster risks for World Heritage. UNESCO World Heritage Centre
• Ministerio de Cultura y Deporte. (s. f.). Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural.
• Ministerio de Cultura. (2025). ¿Cómo actuar frente a una situación de emergencia?
• Universidad de Granada. (2021, 1 de febrero). Advierten de los daños que los terremotos de Granada pueden causar en la estructura de edificios antiguos.
• Comunidad de Madrid. (2025, 27 de octubre). La Comunidad de Madrid realiza un simulacro de incendio en una iglesia…
• Ahora Granada. (2026, 14 de agosto). Caída de cornisas, tejas y ladrillos: los daños en Granada y el Área Metropolitana por el terremoto.
• El Confidencial. (2021, 28 de enero). Los terremotos continuarán en Granada…

 

Como citar este artículo:

PAULA MONTILLA GÓMEZ, PEDRO ANITUA ALDEKOA, MANUEL GARRIDO MORENO, Mª ÁNGELES JIMÉNEZ GAMERO, PABLO MUÑOZ DEL OLMO. La necesidad de elaboración de procedimientos operativos para la gestión de las emergencias en el patrimonio cultural. Observatorio Cero, septiembre de 2026.