Tribuna Abierta - Observatorio Cero

1.- Introducción Este verano de 2026, siguiendo la tendencia de los últimos años, ha sido igualmente prolijo en situaciones de emergencia, destacando fundamentalmente los incendios forestales y la ocurrencia de la serie sísmica de Granada. Además de la importante afectación a las personas, se han visto afectados números bienes, siendo especialmente significativo la afectación al patrimonio cultural. El incendio de Las Peñas de Riglos puso en riesgo uno de los conjuntos patrimoniales más significativos de Aragón. El avance del fuego hacia San Juan de la Peña obligó a activar una operación de protección y evacuación de bienes históricos. Restos óseos de los primeros reyes de Aragón, objetos protegidos y otros bienes fueron evacuados y rescatados del monasterio ante la amenaza de las llamas. La intervención de la UME y de los responsables de patrimonio permitió salvaguardarlos. Igualmente, en Granada, la serie sísmica iniciada a mediados de agosto ha vuelto a poner de manifiesto la vulner...

La reciente crisis provocada por la entrada irregular de más de setenta mil personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha suscitado un intenso debate político, jurídico y geoestratégico, con implicaciones que van desde el ámbito local hasta los intereses de la Unión Europea en su conjunto. En medio de esa corriente de análisis, opiniones y planteamientos de muy distinto signo, no han pasado inadvertidas para los profesionales de la protección civil las propuestas formuladas por algunas autoridades: primero, la declaración de emergencia de interés nacional y, más tarde, la situación de interés para la seguridad pública.       Ante la crisis de Ceuta, entendemos que ni la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ni la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ofrecen encaje suficiente para declarar una emergencia de interés nacional o, con mayor razón, el estado de alarma. Consideramos acertada, sin em...

ELÍAS BAYARRI [1] En los últimos años, diversas emergencias de gran envergadura han puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema de gestión de crisis. Ejemplos recientes como la Dana de Valencia de octubre de 2024, el apagón generalizado de abril de 2025 o los incendios forestales del pasado agosto, han puesto de manifiesto tanto la abundancia de medios de intervención como el alto reconocimiento social hacia los profesionales implicados (bomberos, sanitarios, policías, forestales, UME, etc.). Paralelamente, estas situaciones críticas han generado en la opinión pública la sensación de descoordinación interadministrativa (cuando no de verdadero enfrentamiento entre organismos) y la conciencia de una generosísima solidaridad ciudadana en situaciones de crisis. A estas alturas somos mayoría los que creemos que la respuesta de los cuerpos profesionales y del voluntariado social ha sido rápida, ejemplar y generosa. ¿Descoordinada y, en ocasiones, ineficaz? Segu...