LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL, ¿AMENAZA U OPORTUNIDAD PARA LA PROTECCIÓN CIVIL?
Ante la crisis de Ceuta, entendemos que ni la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ni la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ofrecen encaje suficiente para declarar una emergencia de interés nacional o, con mayor razón, el estado de alarma. Consideramos acertada, sin embargo, la segunda de las propuestas: la declaración de una situación de crisis de interés para la seguridad nacional, al amparo de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, con la eventual posibilidad de escalada al estado de excepción previsto en la citada Ley Orgánica 4/1981.
Ese debate ha reavivado otro, de menor alcance público pero de clara relevancia técnica, que se remonta a 2011, cuando el Consejo de Ministros aprobó la primera Estrategia Nacional de Seguridad. La discusión se intensificó con la creación, mediante el Real Decreto 1119/2012, del Departamento de Seguridad Nacional. De un lado se situaban quienes, desde el ámbito de las emergencias, advertían del riesgo de que la protección civil quedase diluida en la seguridad pública, materia de contenido más amplio y responsabilidad más extensa. De otro, quienes —entre los que nos encontramos— entendían esa integración como una oportunidad para reforzar su peso institucional y corregir su tradicional debilidad de influencia.
Desde aquel 2011, en un contexto de globalización marcado por la diversidad y complejidad de las nuevas amenazas, la protección civil ha quedado integrada de forma irreversible en una política más amplia: la seguridad nacional. Desde ella se diseñan estrategias para gestionar crisis inéditas que han puesto de manifiesto las limitaciones de los instrumentos tradicionales; junto a la reciente situación de Ceuta, basta recordar la pandemia de la COVID-19. La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, configura esta política pública a través de la Estrategia de Seguridad Nacional.
La Estrategia vigente, informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nacional el 18 de noviembre de 2021 y aprobada por el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, profundiza en conceptos y líneas de acción ya definidos en la Estrategia de 2017, al tiempo que adapta el sistema a un entorno de seguridad en transformación constante. Identifica la transformación digital y la transición ecológica como principales palancas de cambio en un escenario de creciente competición geopolítica. Al analizar riesgos y amenazas, reconoce su interrelación y dinamismo, advierte de la amenaza de las campañas de desinformación y señala que la tecnología y las estrategias híbridas atraviesan el conjunto de riesgos y amenazas. Sobre esa base, fija tres objetivos prioritarios: avanzar en la gestión de crisis, reforzar la dimensión de seguridad de las capacidades tecnológicas y de los sectores estratégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las estrategias híbridas.
La Estrategia se articula en torno a tres ejes —proteger, promover y participar—, sobre los que se ordenan sus líneas de acción. La protección civil se integra en el denominado “Primer eje: Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional”. En él se le atribuye un papel de refuerzo, especialmente en situaciones de crisis extraordinaria, para fortalecer las capacidades de la Seguridad Nacional, la Defensa Nacional, la Acción Exterior y la Seguridad Pública.
La eficiencia del sistema de seguridad nacional exige estrategias en las que la prevención y la adaptación ocupen una posición central. La propia Estrategia lo expresa en su exposición de motivos al reclamar:
- “Más anticipación: La Estrategia de Seguridad Nacional debe orientar la implantación de un sistema de alerta temprana y la preparación de planes de gestión de crisis.
- Más integración: La visión integral de la Seguridad Nacional requiere la necesaria coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas y recursos del Estado, la colaboración público-privada y la implicación de la ciudadanía.
- Más resiliencia: Para reducir la vulnerabilidad es tan necesario mitigar riesgos como robustecer la resiliencia, es decir, la capacidad de resistencia, transformación y recuperación ante una situación adversa.
En todas estas acciones, la protección civil ocupa un lugar destacado. En materia de anticipación, resulta especialmente relevante el desarrollo de sistemas de alerta temprana y de intercambio de información. En cuanto a la coordinación y cooperación entre Administraciones Públicas, la protección civil ha diseñado un conjunto de planes que delimitan la actuación de las entidades públicas nacionales y articulan, además, la cooperación con otros Estados europeos e instituciones comunitarias a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Por último, la resistencia, transformación y recuperación de la población ante eventos catastróficos dependen en buena medida de la eficacia en la gestión de riesgos, uno de los fines propios de la protección civil.
Puede afirmarse, por tanto, que la protección civil ha experimentado una evolución extraordinaria desde su nacimiento. Vinculada en origen a los conflictos bélicos, hoy desempeña un papel relevante como herramienta imprescindible en la gestión de crisis, incluidas aquellas que afectan a la seguridad nacional. Ahora bien, para responder a las expectativas que se depositan en ella y a la alta responsabilidad que se le exige, debe demostrar su utilidad dentro del Sistema de Seguridad Nacional. La oportunidad que se abre a la protección civil es, por ello, indudable, pero exige resolver de forma fiable y eficiente los siguientes retos:
- Mantener operativo un sistema de alerta temprana, sobre una base tecnológica, que proporcione indicadores para todos los ámbitos de la seguridad nacional.
- Desarrollar un sistema de información y respuesta para el apoyo en la toma de decisiones, el mando y el control en caso de situaciones de crisis.
- Disponer de una red de comunicaciones segura que permita integrar la información y ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional.
- Mantener actualizado el catálogo nacional de capacidades y de su disponibilidad para hacer frente a las situaciones de crisis.
- Mantener consolidadas las redes de coordinación interadministrativa orientadas a fortalecer la gestión de emergencias, catástrofes y crisis.
- Mantener operativos los mecanismos necesarios para complementar las capacidades nacionales con medios externos procedentes tanto de los Estados miembros de la Unión Europea, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, como de terceros Estados.
- Ampliar el contenido de los planes de formación, entrenamiento y simulación estratégica y táctica para la gestión de incidentes (información, inteligencia, mando y control), incorporando las situaciones de crisis a los escenarios posibles.
Con base en lo anterior, sostenemos que la protección civil no solo se integra plenamente en el título de seguridad pública previsto en el artículo 149.1.29 CE, sino que, en la actualidad, sus instrumentos y fines propios desbordan la mera gestión de situaciones catastróficas o calamitosas. Se han convertido en herramientas esenciales para afrontar crisis que, directa o indirectamente, puedan afectar a las personas o a los bienes. El caso de Ceuta refuerza esta idea: la seguridad pública puede ser una oportunidad para la protección civil, pero solo si ésta se prepara de forma decidida para afrontar todos y cada uno de los retos señalados. Desde 2011 se ha perdido un tiempo precioso. Conviene no perder más.
Elías Bayarri[1], Santander 5 de agosto de 2026
[1] Elías Bayarri es Ingeniero de Montes e Ingeniero Geógrafo de la Administración General del Estado. Miembro del Observatorio CERO: Ciudadanía, Emergencias, Retos y Oportunidades.
