EL COMPROMISO DE NUEVOS RETOS Y ALIANZAS EN LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
La gestión de emergencias: Retrospectiva, interrogantes, retos y alianzas de futuro. - Compromisos.
Vicente Medrano
Hay ciertas materias que a pesar de su relevancia e importancia en el desarrollo de nuestra sociedad, aún resultan confusas en su configuración como área del conocimiento y en su concreción en la actuación profesional.
Los riesgos y sus consecuencias han venido siendo una realidad en el transcurso de la historia, pero afrontar su gestión con un planteamiento de análisis, estudio y respuesta integral es una tarea que se comienza a definir a finales del pasado siglo.
En consecuencia, son más las dudas que las certezas alcanzadas, y son más las tentativas de ordenación que las estructuras consolidadas.
Pero la incidencia de nuevas amenazas, que se vienen a sumar a riesgos ancestrales, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro mundo y, consiguientemente, la urgencia y necesidad de avanzar con claridad y solidez en la construcción de un sistema integral para la gestión de las emergencias.
No podemos negar que la situación vivida por la pandemia Covid-19 constituye un escenario de comprobación de la situación y capacidades de los sistemas actuales, pero no resulta menos relevante la reflexión sobre las posiciones de respuesta frente al cambio climático, los movimientos migratorios o el impacto de las tecnociencias... Podríamos continuar con el catálogo, bastaría con mirar los registros de la última década y abrir los ojos a las debilidades que se presentan en un entorno de desequilibrios.
Surgen múltiples preguntas y se muestran escasas o débiles respuestas.
Trataré de avanzar algunas ideas y reflexiones que aporten ayuda en la búsqueda de puntos de mejora y en alcanzar nuevos retos
CORTA PERO INTENSA HISTORIA
Solo unos apuntes para situar el punto de partida en una corta, pero intensa, historia
Hay un primer periodo que podemos identificar como...
EL TRÁNSITO HACIA UNA PERSPECTIVA CIVIL: De la defensa pasiva a la protección civil (1940/80).
En 1941 se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio (asignada a un General del Ejercito y dependiente de la Presidencia del Consejo de Gobierno). Estando situada en un contexto de posguerra, orientada como una extensión de la acción militar y con el objetivo organizar la retaguardia ante agresiones en situación de gerra. (En estos años en Europa se desarrollan diversas estructuras de Defensa Civil en relación con la IIª Guerra Mundial)
Pero no es hasta 1960 cuando aparece el término protección civil, orientando sus actuaciones a la protección de daños en la población, tanto por agresiones de guerra, como por otras causas que puedan alcanzar “carácter de calamidad pública”. Como titular de la correspondiente Dirección General se nombra a un General del Ejercito de Tierra y depende del Estado Mayor. Nos alejamos del marco de posguerra, pero se situá en un contexto de claro protagonismo militar. (D 827/1960, de 4 de mayo)
(Posteriormente, al final de la década, la estructura de protección civil queda enmarcada, como Subdirección General, en la Dirección General de la Guardia Civil, pero se mantiene bajo las directrices del Alto Estado Mayor).
Es en 1980, con el RD 1547/1980, de 24 de julio, cuando se redefine la Dirección General de Protección Civil, se desvincula de la dependencia militar y se subrayan las funciones orientadas el estudio, elaboración y aprobación de “planes y proyectos para la protección de personas, instalaciones y bienes de interés general”, asimismo, se crea un órgano de coordinación interministerial, la Comisión Nacional de Protección Civil.
Podemos considerar que la década del 80 comienza con otra perspectiva, es el inicio del cambio.
ABRIENDO EL ESPACIO DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Es la Ley 2/1985, de 21 de enero la que abre claramente el nuevo espacio de la protección civil, estableciendo el marco institucional adecuado para poner en funcionamiento el sistema de protección civil, con escrupuloso respeto de los principios constitucionales.
Los ejes de actuación se sitúan fundamentalmente en la planificación y la superior coordinación. Considerando que la protección civil debe actuar a través de procedimientos de ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios públicos relacionados con la emergencia que se trate de afrontar.
Se define la protección civil como un servicio público e incorpora a las diferentes Administraciones públicas, sin olvidar a la ciudadanía.
Dos aspectos de especial importancia, la distribución competencial y el papel de la ciudadanía.
Respecto a la distribución competencial, se abre el espacio a las Comunidades Autónomas, consecuentemente con el desarrollo del Estado de las autonomías, si bien su marco de atribuciones queda limitado y condicionado. Se establece que los Planes territoriales y especiales de protección civil, cuyo ámbito de aplicación no exceda el de una Comunidad Autónoma, serán elaborados y aprobados por los órganos de la respectiva Comunidad, pero las atribuciones de dirección quedan derivadas al posterior desarrollo reglamentario de la Ley.
En esta perspectiva abierta a las CCAA, la nueva Comisión Nacional de Protección Civil prevé la participación de representantes designados por los órganos de Gobierno de las mismas, conjuntamente con los representantes designados por la Administración General del Estado.
Hay que esperar hasta 1992, cuando el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, reconoce las plenas competencias de las CCAA respecto a los Planes de Emergencia de su ámbito territorial, no solo para la elaboración y aprobación, sino también para la dirección y coordinación.
Podemos considerar que a partir de la Ley 2/1985 se trazaron los primeros pasos para que en nuestro país se desarrollara un modelo ante las emergencias que partiera de la prevención y la planificación, un modelo que atendiera a la transversalidad en las actuaciones y un modelo que hiciera de la anticipación, la ordenación y la capacitación ejes para un mejor servicio.
Además, aunque se inició el camino sobre la realidad de un Estado centralizado, en el desarrollo de la Ley, y especialmente a partir de la Norma Básica de Protección Civil (1992), se articuló el papel de descentralización que correspondía ejercer a las CCAA, avanzando con ello en la construcción del Estado de las autonomías.
De otra parte, respecto al papel de la ciudadanía, se subraya la importancia de la autoprotección, que vincula a personas y a entidades privadas. Se recoge asimismo una dualidad de derechos y deberes, impulsando la colaboración y la solidaridad social.
Pero competencia no es portar medallas, es asumir responsabilidades, y en este sentido, las distintas CCAA progresivamente desarrollaron sus propias estructuras de protección civil, así como sus normas reguladoras.
Se fue creando un amplio cuerpo legislativo, avanzando en la implantación de un servicio público que se entendía como esencial para una sociedad del siglo XX.
Partiendo de las Directrices Básicas de Planificación, las CCAA fueron elaborando, aprobando e implantando los diversos Planes de Emergencia de Protección Civil.
Asimismo, se desarrollaron los centros de coordinación, dirigidos fundamentalmente a aquellas las situaciones en las que se llegara a activar algún Plan de emergencia (incendios, inundaciones, accidentes,...). Los centros de coordinación de emergencia venían a plasmar la voluntad de posibilitar la integración y la coordinación de los distintos servicios operativos y entidades implicadas en los distintos Planes de Emergencia. No podemos decir que se inicialmente se preciaran de una gran actividad, pero, de alguna manera, fue una buena preparación de recursos técnicos y personales y una apertura en la prestación real de servicios coordinados.
Posteriormente las CCAA fueron incorporando a su carta de servicios la gestión del denominado número de emergencias único europeo (112). No era una decisión casual, por el contrario, fue analizada y trabajada conjuntamente por todas las CCAA . Este paso sirvió para vincular los ámbitos de la protección civil a la gestión ordinaria de situaciones de emergencia. Se rompían barreras entre emergencias de distinta magnitud, avanzando en una visión integral e integradora. Aquellos criterios de planificación, de protocolización, de acción multidisciplinar,... se reivindicaban tanto para las graves emergencias o catástrofes, como para las emergencias de menor magnitud y de ocurrencia ordinaria.
Progresivamente se expandió el conocimiento entre la ciudadanía y los servicios operativos, pero mas allá de un tema cuantitativo (millones de llamadas recibidas), el paso sustantivo fue facilitar el acceso de ayuda a la ciudadanía en caso de cualquier emergencia y facilitar la actuación conjunta y articulada de los distintos operativos implicados. En definitiva, concentrar la llamada y expandir la respuesta.
Por consiguiente, con la incorporación del servicio 112 a la estructura de protección civil se avanza en el objetivo de una gestión extensiva y global, con modelos de organización que conectan situaciones de distinto tipo o magnitud. El reto era estar presente en el día a día, pero sin olvidar la preparación ante eventuales situaciones que pudieran causar graves daños a la sociedad. Amplio frente de actuación en el que no siempre se vio acompasada las necesidades con los recursos.
De una u otra forma, el 112 fue avanzando en la primera década del 2000 y convirtiéndose en un componente asociado a la estructura de protección civil. En este sentido, de ninguna manera pueden ser considerados como unos centros de distribución de llamadas, sino como elementos fundamentales en la gestión de las emergencias, con tareas de difusión, información, asesoramiento y coordinación.
Tres objetivos se marcaban de forma preferente: la necesidad de analizar y prevenir los riesgos, el planificar la forma de actuar y el aplicar modelos de intervención coordinados y eficaces.
En relación con estos objetivos tenemos que destacar el esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas, pero sin llegar a ser suficientes, especialmente con referencia directa a los medios y recursos específicos de protección civil.
De otra parte hay que considerar que, paralelamente al desarrollo de la protección civil, fueron avanzando diversos sectores vinculados a las emergencias que, si bien aportaban recursos inestimables, también incorporaban normas y estructuras propias (salud, medioambiente, seguridad, industria, defensa, ….).
Las dificultades estaban servidas.
Desde distintos posicionamientos políticos-administrativos, desde diversas áreas disciplinares o desde múltiples enfoques sectoriales, surgen discrepancias que inciden en la complejidad del modelo.
En este contexto resultaba preciso abrir cauces de diálogo y concertación, disponer de suficiencia técnica y económica, dotarse de un adecuado marco normativo y organizativo, y tomar firmes DECISIONES.
Muchos condimentos, que no siempre han estado disponibles en todas las despensas.
Por consiguiente, nos encontramos ante el relato de ...
UNA CORTA PERO INTENSA HISTORIA
y ...
En 2015 cerramos una etapa
En el periodo 1985-2015 los avances normativos, organizativos y de recursos, han marcado un intenso ritmo de desarrollo para lograr establecer un servicio público dirigido a la gestión integral de las emergencias.
Como reflejo normativo de este proceso, y sin que ello signifique depreciar otros hitos, conviene destacar la especial significación que ha tenido la aprobación de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Entendiendo a dicho Sistema como el marco para un ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente, de las competencias en la materia que constitucionalmente están distribuidas entre las distintas Administraciones Públicas.
“..., la ley viene a actualizar el marco jurídico en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la protección civil. Y lo hace a la luz de la experiencia adquirida desde la promulgación de la ley anterior, teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, así como la legislación de la Unión Europea y los compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación internacional, en términos similares a como hoy se regula esta materia en otros Estados de estructura federal o descentralizada.” (Preámbulo Ley 17/2105)
La Ley vigente constituye un avance sustancial ...
“El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente...” (Articulo 3.1 Ley 17/15)
...con respecto a la legislación de 1985
“La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes· Administraciones públicas” (Articulo 2.1 Ley 2/85.
En consecuencia, la norma actual ordena las competencias de la Administración General del Estado, sin entrar en las correspondientes a las CCAA, que en su capacidad autoreguladora desarrollan sus correspondientes marcos normativos.
Solo por apuntar algunas otras de las cuestiones recogidas en la Ley, indicar la elevancia que adquiere la anticipación y la prevención en el conjunto del ciclo de actuaciones que configuran la gestión de las emergencias, así como la importancia de la preparación y formación especializada.
Asimismo, resaltar el papel de la ciudadanía, entendiéndose en la Ley que no solo puede ser considerada como sujeto con el deber colaborar y que precisa ser informada. A la ciudadanía se le reconoce expresamente el derecho a la protección, el derecho a la información y el derecho a la participación en la planificación e implantación de las actuaciones ante las emergencias
“...La ley establece que todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre los riesgos colectivos importantes que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos, a recomendar conductas para prevenirlos y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias, que se configura también como un derecho.” Preámbulo Ley 17/2015).
PENSAR EN MAÑANA ES LLEGAR TARDE
..hay que evitar que transitemos de la ignorancia a la autocomplacencia.
Hasta aquí hemos sobrevolado el camino recorrido y podemos resumir lo alcanzado en los siguientes elementos :
Amplio marco normativo y adaptado a la distribución competencial en el Estado de las Autonomías.
Desarrollo significativo en la planificación de emergencias, con un mejor conocimiento de los riesgo y una ordenación en la organización de la respuesta.
Extensión de un instrumento esencial para facilitar la gestión de las emergencias con una perspectiva global e integral, los 112.
Crecimiento notable en la disponibilidad y calidad de los servicios intervinientes en la respuesta a las emergencias (sanitarios, contraincendios, medioambientales, policiales, militares, tecnológicos...)
Pero todo ello, insisto, no nos puede situar, ni mucho menos en un espacio de confort o de autocomplacencia.
Si adoptamos una posición crítica, abierta y proactiva, observaremos déficits que conviene analizar y buscar propuestas de mejora.
En este punto recuerdo una reciente intervención del escritor Juan José Millas en un programa de radio. Reflexionaba sobre la dificultad que la edad nos trae para la visión de cerca, esa presbicia que tratamos de mal solventar alargando indefinidamente el brazo o, lo que suele ocurrir, refugiándonos en una visión borrosa en la que perdemos perfiles y cualidades. El día que nos colocamos unas lentes adecuadas, el entorno cercano nos sorprende y vemos como es lo que antes imaginábamos. Pues esas gafas de realismo crítico son las que necesitamos para salir de ilusiones autocomplacientes, afrontar realidades y actuar en consecuencia.
Pues colocándonos esas “gafas” …
HABLEMOS DE LOS "cuestionamientos"...
Los crecimientos no siempre resultan armónicos, y el ámbito de la gestión de los riesgos y las emergencias no ha sido una excepción.
Carencias en la disponibilidad de recursos, solapamientos competenciales, inseguridad jurídica, posicionamientos políticos, ... en definitiva múltiples “defectos de crecimiento” o “desajustes en los planteamientos” que pueden poner afectar la eficacia y la suficiencia de aquellas actuaciones dirigidas a garantizar la vida y la integridad de personas y bienes.
Podemos tomar como referencia diversas situaciones, unas de ámbito local, otras autonómicas, e incluso de ámbito estatal (como la emergencia por pandemia).
Establezcamos algunos puntos para el análisis:
El marco normativo
Si el marco normativo no esta claro, definido y desarrollado, solo cabe esperar la suerte de la decisión improvisada o la incertidumbre de la indecisión. En ambos casos, nada deseable.
Sobre nuestras experiencias hay que hacerse varias preguntas: ¿El marco jurídico ha tenido respuesta para las situaciones acontecidas? ¿es claro e indubitado en su interpretación? ¿esta asumida su aplicación?
No parece que las respuestas a estas preguntas resulten siempre favorables, no solo hay que referirse a la situación de la pandemia Covid-19, situaciones mas habituales como accidentes costeros o aeroportuarios o grandes concentraciones, e incluso incendios forestales han conllevado a situaciones de conflicto o inseguridades en la aplicación normativa.
La perspectiva de riesgo
De nuevo una referencia a la pandemia, no podemos considerar que era un riesgo que estaba analizado y evaluado en sus efectos. Pero si nos situamos ante los movimientos migratorios con desplazamientos masivos o ante la incidencia del cambio climático en riesgos clásicos que creíamos acotados, también nos surgirán dudas sobre cual es el nivel de preparación anticipada.
Pero no solo en estos riesgos, sino que en aquellos otros que pueden parece mas habituales y, por consiguiente, mejor caracterizados, también cabe preguntarse si los estamos abordando desde una ambigua generalización o por el contrario lo hacemos con la necesaria concreción, a pesar de incertidumbres inevitables.
No se trata de rellenar una plantilla, sino de obtener resultados que permitan limitar consecuencias y elevar la resiliencia de las poblaciones sensibles.
La aplicabilidad en la implantación y en la activación de los Planes
En parte depende de la claridad en el marco jurídico, pero no solo de ello.
Es una cuestión que interpela al conjunto de los actores que intervienen en la puesta en valor de los planes de emergencia.
La actuación integral y coordinada supone aceptar presupuestos de acción conjunta y supeditación a estrategias ordenadas. Supone reconocer el valor de la coordinación, pero también, llegado el caso, el de la dirección y mando único.
De otra parte, es frecuente que tengamos la tentación de entender que ser coordinados es equivalente a obtener apoyo pero no de asumir directrices externas.
La formación y capacitación
Pero para poder ejercer la coordinación operativa y la dirección de servicios integrados es preciso tener y ser reconocidos en la formación y capacitación específica y adecuada.
No todo vale. En la sociedad actual el valor no se presupone, el valor técnico se adquiere, se desarrolla y se demuestra.
La implicación de la ciudadanía
La ciudadanía, la siempre citada y frecuentemente degradada. Resulta difícil sentirse parte de algo cuando en su desarrollo se siente excluido.
Confundir información pasiva con participación conlleva a no encontrar el apoyo y la complicidad de la ciudadanía.
No es cuestión de instrumentos o de modelos, es cuestión de voluntad y de convencimiento, tanto de estamentos técnicos como políticos: El resonar de la gobernanza no parece asumido en la gestión de las emergencias.
Llega el momento de concretar, no en soluciones mágicas, que no existen, sino en propuestas de líneas y puntos de mejora.
DEFINIR LOS RETOS Y ALIANZAS DE FUTURO
Desde la voluntad de buscar soluciones, con la actitud de avanzar juntos, es preciso que desde los distintos sectores que se ven implicados en la gestión de las emergencias se forje un compromiso por superar esta situación.
Si los instrumentos de los que disponemos se solapan o se contradicen, hay que aclararlo. Si los instrumentos de los que disponemos no son adecuados hay que modificarlos.
Si no abrimos una profunda y sincera reflexión estaremos abocados a desperdiciar esfuerzos y recursos, a crear una vana ilusión de certeza y, en definitiva, a no prestar el servicio que la sociedad nos demanda.
Revisemos la normativa a la luz de las experiencias, aprovechemos el papel de autonomía que corresponde a las distintas administraciones, y en el foro que nos ocupa referido especialmente a las CCAA, para ajustar los límites de actuación y clarificar la interrelación con otros niveles competenciales y con normativas sectoriales.
No podemos perdernos en la decisión sobre la norma de aplicación (emergencia sanitaria, emergencia medioambiental, emergencia aérea o portuaria, estado de alarma, seguridad nacional, emergencia de protección civil, ….) En momentos de crisis no caben subjetividades interpretativas ni confrontaciones competenciales.
Alejemos la incertidumbre y las imprecisiones. La gestión de las emergencias precisa de la máxima seguridad jurídica y de instrumentos que garanticen su aplicación.
Aceptemos el reto de una revisión profunda en esta materia.
ABRIR LA PERSPECTIVA ANTE LOS RIESGOS . Aplicabilidad a pesar de complejidades e incertidumbres.
La primera de las alianzas, la alianza con las esferas de la ciencia y el conocimiento. Los estudios de los riesgos necesitan del aporte científico técnico que entidades públicas y privadas nos puedan aportar.
Y abramos nuevas perspectivas, la complejidad de los nuevos riesgos globales que superan en sus efectos el ámbito causal que los generaron, precisa que superemos los marcos tradicionales del análisis.
Preparémonos para afrontar riesgos complejos, como aquellos derivados de las biotecnologías o de los efectos encadenados del clima, que nos sitúan en una dimensión de virtualidad y difíciles de medir, donde la previsión se antoja inalcanzable.
Pero la exigencia de la excelencia científica no nos puede anclar en el espacio de la duda inteligente. Nuestra alianza debe ser garantía para que los estudios realizados aterricen en conclusiones aplicables que permitan avanzar en la planificación.
COORDINAR ES MUCHO MÁS QUE SUMAR. Concertar modelos e integrar en red.
Llegado a este punto, los procedimientos que configuren la actuación integral y coordinada es necesario que busquen modelos de normalización u homologación. Se trata de alejarse de tácticas personalistas y tratar de facilitar la convergencia con distintos servicios intervinientes, tanto en el ámbito regional, como estatal o internacional.
Las sinergias son imprescindibles, nadie es autosuficiente y menos ante situaciones que desbordan las magnitudes. Para coincidir en el campo de acción hay que desarrollar lenguajes comunes y compartidos.
Si nos preparamos en red multiplicamos las capacidades.
Nadie se puede considerar inventor en el vacío o visionario de aciertos, solo impulsando modelos comunes de actuación podremos encajar nuestros esfuerzos y, lo que es muy importante, evaluar los resultados.
TRANSVERSALIDAD NO SIGNIFICA INVISIBILIDAD. Avanzar en el conocimiento y en el reconocimiento.
No todo sirve, no todo vale. Parece que en la gestión de las emergencias este debe ser un principio establecido.
Es cierto que la gestión de las emergencias es una labor donde la transversalidad de conocimientos es necesaria y evidente, nadie puede saber de todo, salvo que caiga en el error de no saber de nada.
Pero esta transversalidad no puede llevar a la invisibilidad, a no poder reconocer quien esta formado y acreditado para ejercer determinadas cuestiones.
En cada sector que inciden en la gestión de emergencias (sanitario, forestal, incendios, tráfico, policial...) hay un elemento (un casco) que le identifica y una función que le corresponde claramente.
De similar modo hay que salir de la indefinición y lograr la formación, capacitación y reconocimiento de aquellos que deben realizar las tareas de elaboración, implantación y coordinación de los planes de emergencia de protección civil.
Se han dado los primeros pasos con el establecimiento de diversas titulaciones, tales como las de ….... pero hay que avanzar mas decididamente.
Hay que fomentar las alianzas con el campo de las ciencias y de la formación.
Es preciso desarrollar un ámbito propio del conocimiento aplicado a la gestión de las emergencias de protección civil. Y llevarlo a modelos de reconocimiento académico homologados y reconocidos.
LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO DEL DEBATE. El derecho a coparticipar en procesos y decisiones.
Llegamos a un punto crucial. El papel que le corresponde jugar a la ciudadanía.
Hemos escuchado decir machaconamente: la ciudadanía es el primer eslabón en la respuesta ante emergencias.
Partamos del inicio ¿como se delimita la percepción de los riesgos? Más allá de los enfoques técnicos de los análisis de riesgo, tenemos que preguntarnos como cada persona los percibe y los acepta, así como concluir analizando como se elabora el discurso social predominante ante los distintos riesgos, discurso en el que inciden elementos culturales, mediáticos y sociopolíticos.
Si situamos a la ciudadanía en el centro del debate, es necesario implicarla en la configuración de los riesgos. Abrir la información pública como punto de partida, pero incorporando la escucha y divergencia. Cuando nos quedamos solo en campañas informativas o divulgativas relegamos a la ciudadanía al rol de agente pasivo. Difícilmente lograremos así modificar o adecuar la percepción del riesgo.
Hay que considerar el derecho de la ciudadanía a ser agente activo y con participación en la definición de estrategias y en la toma de decisiones.
La participación activa de la ciudadanía es el camino para lograr su compromiso e implicación en las actuaciones.
La mejor garantía de que se desarrollen políticas de prevención es que se constituya en demanda social.
Por ello la fundamental alianza es, la alianza con la ciudadanía.
Aportemos información, incorporemos transparencia y establezcamos cauces participativos.
El establecimiento de entornos seguros y protegidos necesitan de la participación activa y “complice” de la ciudadanía.
En este sentido, cada día cobra más peso el papel de la ciudadanía en la coproducción de políticas públicas en estrecha alianza con las administraciones públicas, desarrollando para ello espacios colaborativos novedosos y creativos.
Significa impulsar modelos de innovación social, configurando nuevas relaciones entre las Administraciones y la sociedad, desde la coordinación y colaboración de actores públicos, privados y sociales.
La incorporación activa de la ciudadanía en la gestión de las emergencia es una ventana de oportunidades, que nos lleva a pasar de los modelos de mera información o consulta, al abordaje de procesos de co-creación y coproducción, con el compromiso de asumir y trasladar a la acción las propuestas elaboradas.
Desde las Administraciones públicas hay que dejar de lado las posiciones reduccionistas y atender a la pluralidad de enfoques, que a pesar de las controversias y tensiones en el proceso, permitan tejer compromisos sobre situaciones complejas y abrir paso a soluciones innovadoras y de impacto social.
COMPROMISO
Es una responsabilidad de algunos (los órganos competentes),
es un obligación de muchos (los servicios intervinientes) y
es un derecho de todos y todas (la ciudadanía).
Abramos un espacio común y comprometido con los nuevos retos y forjemos nuevas alianzas para lograrlo.
